¿Se estancan los puertos chilenos?
Autor: Jorge Peña Garay
Las actuales autoridades de Gobierno han impulsado la elaboración de la Política Nacional Logístico-Portuaria, que según su programación se desarrollará durante el año 2023, y contará con un proceso de diálogo con los principales actores públicos y privados, que busca validar la información existente y las propuestas levantadas hasta la fecha.
Los desafíos son relevantes para el país y su urgencia requiere el compromiso de todos los actores involucrados en el desarrollo portuario.
Los conflictos laborales ocurridos en el sector portuario y la importancia estratégica de los puertos en el modelo chileno de comercio exterior, ha obligado a los poderes ejecutivo y legislativo, universidades y organismos internacionales a organizar continuas comisiones de expertos, cuyo propósito común ha sido levantar información y construir propuestas de intervención en la actividad y en el mercado laboral portuario. Los documentos oficiales más recientes son:“Logística y Puertos: Una plataforma estratégica de desarrollo para Chile”. Elaborado por la Comisión Presidencial: Estrategia 2030 de Puertos y Logística, del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo. Julio 2015.“Informe para consideración de las autoridades”, Mesa Laboral Portuaria organizada por los Ministerios del Trabajo y Previsión Social y Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Octubre 2019.“Informe de la comisión especial investigadora de las actuaciones de los órganos de la administración del estado en relación con la aplicación, evaluación e impacto de la ley n°19.542, que moderniza el sector portuario estatal”. Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. Enero 2020.
El análisis de los informes oficiales anteriores nos permite afirmar que existen claros consensos transversales sobre las siguientes situaciones que afectan al sector portuario nacional:a) Ausencia de institucionalidad ciudad-puerto, Autoridad Portuaria, políticas y planes de desarrollo logístico y portuario.b) Necesidad de compatibilizar el sistema de concesiones de puertos estatales y concesiones marítimas de puertos privados, cuando estos compiten entre sí.c) Necesidad de modernizar el régimen laboral.Las actuales autoridades de Gobierno han impulsado la elaboración de la Política Nacional Logístico-Portuaria, que según su programación se desarrollará durante el año 2023, y contará con un proceso de diálogo con los principales actores públicos y privados, que busca validar la información existente y las propuestas levantadas hasta la fecha. Con ello, los equipos del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones avanzarán en la preparación de una propuesta, que será sometida, entre los meses de septiembre a noviembre, a un proceso de consulta amplia, para recoger las observaciones de la ciudadanía y luego presentar propuestas al Gobierno durante el mes de diciembre. Esta propuesta comprometida por el Gobierno, más la nueva coyuntura política que se abrirá en el país cuando concluya el segundo proceso constituyente el 17 de diciembre de 2023, es muy probable que abra un nuevo espacio de discusión no exento de conflictos, sobre los puertos chilenos que, en nuestra opinión, deberá abordar al menos los siguientes desafíos:Definición para el próximo proceso de concesión de puertos estatales. En 2030 deberán estar en operación las nuevas concesiones de los puertos de Valparaíso, San Antonio y San Vicente. Las condiciones contractuales de estos procesos deberán ser coherentes unos con otros e incorporar las experiencias de los contratos 2000-2029.El proyecto de PGE en San Antonio deberá incorporar los efectos en los terminales portuarios que hoy operan en la macrozona central (TPC, TPS, STI, DPW San Antonio) y al menos a 3 de los terminales portuarios del Biobío (San Vicente, Coronel y Lirquén).La Macrozona sur (Puerto Montt, Chacabuco y Punta Arenas) requiere de una política de fomento particular.Reformar las normas laborales portuarias para, cumpliendo con los convenios internacionales, profesionalizar el empleo, hacerlo cada vez más seguro, eficiente y bien remunerado.Abordar la política de pensiones para el sector portuario con el fin de eliminar privilegios discriminatorios.Implementar la ley de cabotaje por parte de naves extranjeras, junto con una política de fomento a la marina mercante.
Todas estas materias requieren una definición política y de un sector privado preparado oportunamente para enfrentar este escenario. De otro modo la actual percepción de estancamiento de los puertos chilenos se incrementará haciendo más difícil la modernización constante de este sector clave de la economía.